9 de mayo de 2024. La publicación de la nueva Directiva europea de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés) marca un momento crucial en la lucha contra el cambio climático y por la reducción de las emisiones de los edificios en Europa. Asociaciones empresariales, centros de investigación y organizaciones medioambientales, reunidas bajo la Plataforma por la Descarbonización de la Calefacción y el Agua Caliente, apoyan este importante hito. Al mismo tiempo, destacan la importancia de una aplicación ambiciosa en España, mediante textos legislativos que ofrezcan un marco de actuación claro y firme para conseguir los objetivos planteados en la EPBD.
La revisión de la EPBD, que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea, introduce importantes cambios destinados a reducir drásticamente las emisiones de los edificios de la Unión Europea. En particular, la directiva requiere que todos los edificios nuevos a partir de 2030 sean de emisiones cero, y obliga a los gobiernos a tomar medidas para mejorar el ritmo de renovación de los edificios, de modo que en 2050 el parque inmobiliario sea de emisiones cero.
La Directiva aborda la urgente necesidad de eliminar gradualmente los combustibles fósiles.
A partir del 1 de enero de 2025, quedan prohibidos los incentivos financieros para la instalación de calderas autónomas de combustibles fósiles, a excepción de las subvenciones ya publicadas con anterioridad. El texto también insta a los Estados miembros a hacer la transición a la calefacción renovable «con vistas a una eliminación gradual del uso de calderas de combustibles fósiles para 2040”. La Plataforma considera esta declaración como un paso en la buena dirección, pero insuficiente. Estudios recientes señalan como fundamental descarbonizar la calefacción en nuestros hogares antes de 2030 para cumplir con el objetivo de 1,5 ºC del acuerdo de París.
Sin embargo, la eficacia de estas medidas depende de definiciones e interpretaciones claras por parte de la Comisión Europea y de cada país. La Plataforma demanda al gobierno firmeza para evitar ambigüedades en la definición de calderas de combustibles fósiles, que debería incluir cualquier tecnología que funcione parcial o totalmente con combustibles fósiles. Este avance proporcionaría claridad en la necesaria transición hacia sistemas de calefacción renovables, como las bombas de calor y la solar térmica.
María Prado, responsable de la Campaña en Área de Energía y Clima de Greenpeace, afirma que “la inclusión de fechas concretas para la eliminación gradual del apoyo público y del uso de combustibles fósiles para calefacción transmite un mensaje claro: la calefacción fósil va a desaparecer. Pero si tenemos en cuenta que dichas fechas son insuficientes para estar alineado con el objetivo 1,5º C, esto debería animar a España a ir más allá de los requisitos establecidos en la EPBD. Con un mayor compromiso político, liberar nuestros hogares de combustibles fósiles en 2030, reducir sus facturas e impactos climáticos está a nuestro alcance”.
La Directiva establece además un Mandato Solar: será obligatorio instalar tecnología solar (solar térmica, fotovoltaica o una combinación de ambas) en edificios públicos y no residenciales nuevos y existentes, así como en nuevos edificios residenciales y en aparcamientos cubiertos, en diferentes plazos desde diciembre de 2026 hasta diciembre de 2030.
Pascual Polo, Director de ASIT, la Asociación Solar de la Industria Térmica, destaca que “el Mandato Solar apoya el despliegue de la tecnología solar térmica para proporcionar energía renovable descentralizada para hogares, ciudadanos y empresas. Es por tanto un hito fundamental en la descarbonización de la calefacción y el agua caliente”.
Tras la publicación de la Directiva, el Estado español tiene ahora dos años para incorporar las disposiciones de la Directiva europea en la legislación nacional, y mantener así el impulso.
Blanca Gómez, directora de la Confederación Nacional de Instaladores, concluye asegurando que “la revisión de esta Directiva era necesaria para continuar la mejora del confort en los edificios y la reducción de su impacto medioambiental”. Añade también que “es vital centrarse en la renovación de las viviendas en peor estado: es una inversión inteligente que genera grandes ahorros de energía, mayor eficiencia energética y reducción de emisiones, además de combatir la pobreza energética e impulsar el empleo”.